La Diputación de Valencia renueva el convenio con 16 colegios profesionales, entre ellos el COIAL, para ofrecer servicios especializados a pequeños municipios

La Diputación de Valencia ha renovado el convenio que mantiene con 16 colegios profesionales, entre ellos el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos (COIAL), cuyo principal objetivo es conseguir una acción coordinada entre la institución y los distintos entidades profesionales, que permita que los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales con menor capacidad económica y de gestión, puedan utilizar los servicios de estos técnicos especialistas. La institución provincial destina a este fin 1.600.000 euros anuales.

En palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, “este servicio que prestan arquitectos, ingenieros, arqueólogos o técnicos medioambientales, entre otros profesionales, son cada vez más esencial para esos municipios de menos de 5.000 habitantes que sin la Diputación no podrían avanzar”.

El presidente de la Corporación provincial y la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, han aprovechado la firma de los convenios para reunirse con los responsables de los 16 colegios profesionales y exponerles la actualidad del conflicto con Inspección de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabarán en sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que, según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin ningún tipo de problema”.

En ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009 y 2010, lo que “provocó que se siguiera empleando de buena fe esta fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en varios ayuntamientos un par de horas a la semana”.

Cada ayuntamiento tiene acceso a solicitar los servicios de un máximo de tres técnicos especialistas, con los que se formalizan contratos de naturaleza administrativa que son costeados entre el propio colegio, los ayuntamientos y la Diputación, que transfiere su parte a los consistorios para que estos hagan efectivo el pago.

En este sentido, la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, ha explicado que “a la Diputación le da igual que estos técnicos sean contratados como autónomos o a través del Régimen General, como nos pide la Inspección de Trabajo, porque las subvenciones que da esta institución seguirán siendo las mismas”. Pero la diputada advierte que el cambio de modelo afectaría a los técnicos colegiados, porque “si son dados de alta en el Régimen General no podrían prestar sus servicios a más de un ayuntamiento, aunque fuera una hora a la semana”.

Los representantes de los colegios profesionales han puesto en valor estos convenios con la Diputación que “no sólo promocionan nuestros colegios y a sus profesionales, sino que ofrecen un servicio imprescindible para los ciudadanos, pues ellos son los principales beneficiarios de la gestión de los ayuntamientos, que en la mayoría de casos, cuando hablamos de pequeños municipios, no podrían disponer de esta asistencia profesional y especializada”.