Seguimos defendiendo los derechos de nuestros profesionales: paralización cautelar de una licitación en Chiva
De todos los trabajos que desarrollamos en el colegio, uno de los que más nos motiva es defender la profesión cuando desde cualquier administración pública pretenden orillar a nuestros profesionales. Y si además obtenemos el resultado esperado, la satisfacción se nos dispara.
Es lo que ha ocurrido recientemente con el Ayuntamiento de Chiva, que ha sacado a licitación un contrato de asistencia técnica al Departamento del Ciclo Integral del Agua. En el texto de la licitación, en el apartado de solvencia técnica, se enumeran las categorías profesionales de que debían disponer las empresas aspirantes, entre las que figuraban ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, ingenieros de caminos, canales y puertos e ingenieros de obras públicas. La licitación dejaba fuera a los ingenieros agrónomos. Una circunstancia que no pasó desapercibida para los servicios jurídicos del COIAL.
Recurso especial ante el Tribunal Administrativo
Lo especial de este caso es la cuantía de la licitación, que supera los 100.000 euros. “Cuando eso ocurre, la ley obliga a presentar un recurso especial en materia de contratación, que se presenta ante un tribunal administrativo, a diferencia de los casos con cuantías inferiores, para los que se puede presentar un recurso de reposición ante la administración licitante o directamente plantear un contencioso administrativo en el juzgado”, explica Manuel Chalud, responsable de los servicios jurídicos del COIAL.
¿En qué consiste ese recurso? “Nosotros nos limitamos a constatar que nuestra formación en la materia concreta de esa licitación es, cuanto menos, igual a otras de las profesiones que sí están comprendidas. Para acreditarlo, adjuntamos una comparativa de los estudios y formación académica para acreditar esta solvencia y poner de relieve que esta exclusión es una discriminación, puesto que en el pliego no se justifica por qué una profesión sí tiene acceso y la otra no”, detalla Chalud, que especifica lo que ha solicitado el COIAL: “En el recurso especial se solicitaba una medida cautelar: la suspensión del proceso de licitación hasta que se resuelva el recurso por los perjuicios de difícil o imposible reparación que la no adopción de esta medida cautelar podría acarrear”. El tribunal ha accedido a esta medida cautelar por entender que tiene apariencia de “buen derecho”.
Hay que agradecer al tribunal su sensibilidad por dictar medidas cautelares pero debemos subrayar que no se trata de una medida definitiva y que aún no está asegurado que se amplíe la solvencia técnica a los ingenieros agrónomos en este caso. Aunque de momento, el primer paso para conseguirlo ya está dado. Esperemos que el tribunal especial falle a favor de nuestro colectivo profesional.
Adjuntamos Resolución